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Toledo
«En momentos de crisis es cuando más hacen falta las políticas sociales»
Es la Consejería que ahora mismo está en el ojo del huracán. El elevado coste de las políticas sociales y la Ley de Dependencia lastran el déficit regional porque el dinero del Estado no llega en la cantidad suficiente. Ayuda en forma de dinero y no crítica es lo que pide el consejero.
—¿Cómo se lleva ser consejero de Salud y Bienestar Social, dos servicios básicos, en estos momentos de ajustes presupuestarios?
—Me han tocado a lo largo de mi vida profesional dos crisis antes de esta y siempre se lleva mal. Por un lado, porque hay gente que lo está pensando mal. Pero la otra cara de la moneda es que como hay servicios sociales y sanitarios de carácter universal y gratuito ese impacto de la crisis es menor que si no los hubiera. En Castilla-La Mancha hemos conseguido construir en los años de bonanza económica dos de las redes más fuertes de España en salud y bienestar social y eso permite que podamos atender a la demanda y a las necesidades de las personas con una mayor capacidad.
—¿Y cómo se puede ahorrar sin que merme la calidad de los servicios?
—Ya empezamos en 2009 a poner en práctica medidas de austeridad. En 2010 ya estaban implantadas pero vinieron las medidas de carácter nacional, como la disminución del sueldo de los profesionales, un cinco por ciento de nómina, lo que ha sido un gran sacrificio, y la del precio de los medicamentos, al usar el más barato pero con igual capacidad curativa. Así hemos conseguido mantener todos las prestaciones sanitarias con un menor gasto. Para el año que viene pensamos mantener esas mismas medidas de austeridad. Al mismo tiempo, hemos hechos una reprogramación de algunas inversiones que había previstas. En esta legislatura entre centros sanitarios y sociales hemos abierto 400 nuevos. Esto era un ritmo muy fuerte y por eso ahora nos permite administrar la situación de crisis con un margen de resistencia que podremos mantener en 2011 y 2012 si hiciera falta. Para 2013 ya sería necesario volver a tener un poquito de crecimiento para poder mantener la calidad de las prestaciones.
—En estos momentos de dificultades, el PP habla de bancarrota y pide al gobierno que despeje la duda de si el personal sanitario pudiera seguir cobrado sus nóminas. ¿qué nos puede decir al respecto?
—Para que los lectores tengan una idea, esta Consejería está pagando cada día 10 millones de euros porque así lo ha querido la ley. Una ley nacional de Sanidad y otra de Dependencia que hemos de cumplir y nos obligan a hacer una serie de servicios y programas. El capítulo más importante de gasto es el de personal, que representa casi el 50 por ciento. Son nóminas que se pagan puntualmente todos los meses y no hay demora. Otro gran capítulo es el gasto farmacéutico, de unos 600 millones de euros al año que se pagan a mes vencido. Por tanto, aquí no hay retraso. El otro bloque, que representa el 25 por ciento, sería el que representa la limpieza y los proveedores de los distintos servicios. En el ámbito de los proveedores sanitarios es donde podría haber una mayor demora, que es normal, y se sitúa en torno a 200-300 días, cuando en otras comunidades están en 600 días. Es posible que en estos meses de dificultad seguramente esa demora se va a aumentar, porque sería tontería decir lo contrario. Pero eso es muy distante de las afirmaciones del PP.
—En el último pleno del año pasado se aprobó, y además por unanimidad, la Ley de Familias Numerosas y de la Maternidad ¿qué va a suponer esto para estos colectivos?
—Primero, el reconocimiento de esa realidad, porque las familias numerosas son la base de nuestra sociedad. En Castilla-La Mancha ese reconocimiento a la familia se recoge en un plan integral, pero ahora tiene un reconocimiento especial, el de esta nueva ley, atendiendo a una petición de las propias asociaciones de familias numerosas. Eso es algo muy importante en una situación de crisis, porque la ley viene a decir que las prestaciones tienen que estar garantizadas contra viento y marea, y además abrimos un mecanismo de diálogo permanente a través del observatorio regional de la familia. Esta ley se planteó hace un año cuando en un congreso de familias numerosas que se celebró en Cuenca el presidente regional, José María Barreda, con la vicepresidenta de la asociación, planteó la posibilidad de hacer una ley pese a la situación de crisis. Desde entonces todo ha sido muy bonito porque todo el proceso se ha hecho en diálogo muy abierto y leal, hablando de las posibilidades reales.
Apoyo a la maternidad
—Además se produce en un momento en que en el ámbito nacional el papel de la familia está un poco en entredicho.
—Sí, pero además el otro contenido de la ley es el del apoyo a la maternidad responsable, que también nació de una iniciativa social como es la iniciativa legislativa popular, que reúne miles de firmas, y tras el diálogo con el gobierno y después con el Grupo Parlamentario Socialista, con el que se llega a un acuerdo. Se ha pensado que era más interesante hacerlo de esta manera, puesto que la Ley de Familias Numerosas que ya iba a discutirse podía incorporar este texto, porque los dos tienen que ver. Ahora con esta ley se consolidan las prestaciones que ya se llevan a cabo en materia de maternidad. Además, se comprometen una serie de instrumentos para que esas prestaciones sean accesibles y además que se conozcan y difundan, para lo que queremos contar con las asociaciones. No habrá una expansión del tipo de prestaciones en la ley, pero sí una consolidación de la red social de las mujeres embarazadas y la maternidad en todas sus etapas, una atención sanitaria completa en uno de los mejores sistemas del mundo. También en la conciliación de la vida laboral y familiar o en los casos en que haya habido violencia de género, por ejemplo. Creo que la ley es muy equilibrada.
—El hecho de que sea Castilla-La Mancha la primera comunidad socialista en elaborar una ley de estas características ¿a qué obedece?
—La respuesta la tendrían que dar las otras comunidades. Cuando se plantea por primera vez, se requiere del gobierno la decisión de no oposición a la tramitación de la iniciativa popular, y el gobierno contesta a las Cortes que no se opone a la tramitación porque la única oposición es que haya incremento de gasto que no esté presupuestado, y vimos que no lo había. Creo que la no tramitación o aprobación en otras regiones puede ser porque también se ha confundido el debate, como también planteó aquí en un momento dado la portavoz del Partido Popular, y es hablar del tema del aborto y plantear que el gobierno socialista había hecho una ley que daba derecho al aborto. Aquí estamos hablando de la maternidad y de la defensa de los derechos de la mujer, y cuando hablamos del otro debate es otro, que lo podemos hacer también, pero no podemos confundir. Decir cosas como que el aborto no es un derecho sino un delito es querer decir las cosas mal, querer llevar a la confusión de ustedes asesinan y nosotros defendemos la vida. Durante sus ocho años de gobierno el PP pudo cambiar la ley de despenalización del aborto, pero nunca lo hizo. Por tanto, confundir el debate para atacar al gobierno socialista no es de recibo. Yo estoy preparado para ese debate si se abre, pero ese es distinto de lo que aprobamos en el Parlamento regional.
Nuevo mapa de farmacias
—El Consejo de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha ha propuesto el cierre de las farmacias de los municipios de la comunidad menores de 500 habitantes por falta de rentabilidad ¿qué opina la respecto?
—Igual que el sistema de atención sanitaria, en la Comunidad disponemos de una red de farmacias que es de las mejores que existen; pueden ser iguales pero no mejores. En efecto, el Consejo de Farmacéuticos de la región me planteó esa propuesta, y lo que haremos es analizar el mapa de farmacias y ver caso a caso, porque lo que tenemos que asegurar es la mejor atención farmacéutica a la población. Creo que las reivindicaciones del Consejo en conjunto son razonables y nos vamos a sentar para analizar con ellos cada supuesto en particular, algo que haremos en este mismo mes de enero. Estudiaremos si en algún caso puede llegarse a la supresión o incluso ver la posibilidad de que si alguna farmacia que es necesaria no llega al índice de rentabilidad la administración regional aporte una ayuda de compensación. Creo que el análisis de la propuesta y en consecuencia del nuevo mapa de farmacias podríamos tenerlo confeccionado en el primer trimestre de este año.
—El propio Gobierno central señaló a la Comunidad como la de mayor déficit de España, algo que desde la Junta se achacó en gran medida a que el Gobierno de Zapatero no ha abonado su parte de la Ley de Dependencia, concretamente 200 millones de euros ¿es esto así?
—Sí. La mayor parte del gasto de la Junta es para llevar a cabo las transferencias de las políticas sociales, sanitarias y educativas. La Ley de Dependencia se aprueba a finales de 2006 y entra en vigor en 2007; en 2008 y 2009 tiene un desarrollo importante y en 2010 se han aprobado 12.000 nuevas prestaciones con un coste de medio de unos 10.000 euros al año, por tanto estamos hablando de un coste de 100 millones solo de incremento de este año. Las prestaciones se regulan por la ley nacional, y Castilla-La Mancha lo que hace es aplicar esa ley nacional, para cuya financiación se establecen unos mecanismos. La estimación inicial que se hizo fue de 10.000 dependientes, pero en realidad son 37.000, por lo que hubo una falta de adecuación, se calculó mal; el precio por cada prestación es mucho menor que el que está costando realmente. El coste de esta ley en Castilla-La Mancha para las administraciones es de unos 350 millones de euros, de los que la central está financiando unos 100 millones por la vía finalista y unos 50 por la no finalista, por tanto 150 para un gasto de 300 quedan 200 millones de déficit. Ese dinero lo pone Castilla-La Mancha porque la ley nacional nos dice que las personas tienen ese derecho, no porque sea una decisión de Castilla-La Mancha, que en cambio para hacer frente a eso lo que tiene que hacer es pedir crédito, endeudarse. Por eso cuando el otro día desde el gobierno de España se marcaba a Castilla-La Mancha como que no cumplía o tenía una mala nota con su déficit a mi me parecía muy injusto e inaceptable que se hiciera esa calificación. Pero cabría preguntarse ¿se han quitado derechos a las personas? No. Vamos al médico y se nos atiende, o a la farmacia, o a la escuela. Las políticas sociales las estamos manteniendo y no hay menos gente, sino más.
Más ayuda o cambio de la ley
—Pese a ello, ¿El compromiso del Gobierno regional es el de seguir manteniendo esas prestaciones?
—Sí, por eso hemos incurrido en un déficit. Por eso hay más gasto que el que teníamos hace unos años, sobre todo en Dependencia. Vamos a seguir haciéndolo y ese endeudamiento creemos que es no solo razonable, sino obligado y legítimo. Lo que pedimos es ayuda al gobierno central.
—¿Y la advertencia desde la Junta de devolver las transferencias si no se paga ese dinero?
—Es una posibilidad que planteamos, porque lo que nos parece más justo es que nos llegue toda la ayuda que marca la ley y que está reconocida en ella, aunque se hizo en momentos de bonanza económica.
—¿Y qué noticias hay del Gobierno central al respecto?
—Ese tema es ya más propio del área de Economía, que está permanentemente en contacto con el Gobierno de España. Tenemos indicación suya de presentar esos programas de austeridad, pero también hay ámbitos en los que no es posible porque son derechos sociales. O se cambia la ley o si no tendrán que venir más recursos tributarios de transferencias del Estado. Y si no vienen, tendrá que haber una autorización para que haya un mayor endeudamiento. Las cuentas son esas. Desde luego el presidente Barreda defiende que en un momento de crisis es cuando más hacen falta las políticas sociales. La economía tiene capacidad para eso no tirando el dinero. Lo más negativo de la lectura de esa crítica es que podía parecer que Castilla-La Mancha estaba haciendo mal las cosas, despilfarrando y gastando por encima de sus posibilidades. Pero no es así. Nosotros lo que pedimos es ayuda, no crítica. Hemos seguido reconociendo los derechos que la gente tiene por la Ley de Dependencia que otras comunidades no han reconocido. Lo que pedimos al gobierno de España es que esto lo tenga en cuenta para ayudar a Castilla-La Mancha a seguir cumpliendo las leyes nacionales con las ayudas económicas que la Constitución establece. Creemos que la situación se puede abordar en positivo, sin echar la culpa a nadie, porque cada uno tenemos nuestra responsabilidad.
—Al margen de los medios materiales, los recursos humanos son fundamentales ¿tiene la sanidad y los servicios sociales de la región la plantilla suficiente o está prevista una nueva oferta de empleo?
—No. Hemos hecho ya un crecimiento muy importante en los años de bonanza desde las transferencias en un volumen de mil profesionales por año y eso nos permite ahora abordar esta situación de dificultad con una estabilidad en el empleo, que ha sido nuestro objetivo. Ahora hay un mensaje de consolidación de las estructuras y de las prestaciones.Tenemos que ser capaces de hacerlo mejor y con más calidad, pero no vamos a crecer en volumen y estructura y tampoco en plantilla, salvo alguna cuestión puntual. Con crecimientos de 40 o 50 personas muy selectivas. Tenemos unas ratios de personal en hospitales y atención primaria en relación con el número de habitantes por encima de la media nacional. En el ámbito de los servicios sociales ocurre parecido, con crecimientos incluso más fuertes del 10-15% anual, pero aquí no es tanto plantilla de funcionario como recursos concertados. Habrá, por tanto, un par de años de estabilidad.
—¿Cómo están en estos momentos los ratios de la lista de espera en la región?
—Hemos conseguido estar por debajo de la media nacional. En consultas externas unos veinte días menos, en cirugía unos diez, pero sobre todo la gran diferencia con otras regiones es que tenemos la Ley de Garantías que aprobamos en 2002, que nos permite que si una persona que está esperando para una cirugía programada viera que ese tiempo es demasiado prolongado, cuando pase el tiempo de garantía, que es de unos 90 días, puede acudir a otro centro sanitario. No se utiliza mucho la ley porque los tiempos normales son buenos al ampliarse los recursos en los últimos años. ¿Afectará la crisis a esta situación? Hasta ahora no, aunque si dura mucho es posible que repercutiera negativamente en las listas de espera.
—¿Con la perspectiva actual de crisis se hubiera diseñado hoy un «megahospital» como el de Toledo?
—Sí. Lo hubiéramos diseñado igual porque el Virgen de la Salud está en una situación muy complicada. Recuerdo que estando de director del Insalud en Madrid una tarde me llamaron porque se había producido un incendio en el hospital y tuve que organizar la acogida de muchos de los pacientes que vinieron para ser atendidos en Madrid. En aquel momento, de mediados de los 80, creo que la decisión correcta hubiera sido ya el plantear el nuevo hospital, porque ya era un centro muy castigado y desgastado, sin capacidad de crecimiento. En cambio se decidió rehacerlo y desde entonces se ha ido haciendo pequeñas remodelaciones y abriendo huecos poner meter un servicio quitando otros, un puzzle complicado. Además, la población desde entonces ha crecido en más de 100.000 personas y ha habido un desarrollo de tecnologías nuevas importantes, por lo que el hospital requería una nueva sede. Si tuviera que opinar ahora otra vez en esta situación lo volvería a defender. La dimensión está pensada para un hospital que permita recoger y dar respuesta a los posibles incrementos de demanda en el futuro. Si hacemos un nuevo hospital no vamos a hacerlo solo para los habitantes que somos ahora. Sería algo que nos lo reprocharían.El hospital está pensado para que tenga habitaciones individuales con doble cabecero que permita hacer una ampliación sin coste de la ocupación. Son ochocientas habitaciones pero que se pueden duplicar si fuera necesario.
—Y los plazos ¿se van a salvar las dificultades y se cumplirán?
—Nuestro objetivo es seguir exigiendo a la empresa constructora, una UTE de tres empresas, el cumplimiento de plazos. Tenemos la fecha de mediados de 2012 como la de terminación, y técnicamente se puede hacer. Ha habido dificultades importantes desde el punto de vista del funcionamiento en el primer trimestre de 2010 que se han resuelto parcialmente, por lo que sigue habiendo algunas. Por eso los servicios técnicos de la Consejería están en colaboración permanente con los de la UTE para intentar facilitar lo que dependa del Gobierno regional. Tenemos capacidad de financiación porque este hospital se financiaba con créditos del BEI y otros bancos españoles, con lo cual está garantizado, ya que es independiente del capítulo VI de inversiones. En estos momentos hay unos 170 trabajadores en la obra y por las informaciones que tengo en febrero o marzo podría haber nuevas áreas que ya serían de instalaciones y que podrían crear más empleo. Sabemos que hay dificultades, también en las empresas constructoras, por eso no agobiamos, pero sí que exigimos que se cumplan los plazos
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