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J. Y.
Ciudad Real
Lamata, señaló, a preguntas d los periodistas, que el nuevo tramo de la ley, cuyo desarrollo "es ejemplar", supondrá ampliar las prestaciones a otros 8.000 dependientes más en Castilla-La Mancha, la cuarta partes en Ciudad Real.
Sobre la negociación presupuestaria para el desarrollo autonómico de la ley, en la que Lamata reclama al Gobierno central 200 millones, señalo que "estamos siempre haciendo propuestas y peticiones". Tras reconocer que la mesa "tiene mejores y peores momentos, y situaciones de apretón", el consejero se mostró optimista al señalar que "llegaremos a acuerdos para mejorar la dotación", aunque replicó que es consciente "de que la crisis nos afecta a todos y está impactando en las empresas y en la economía y, por lo tanto en los ingresos fiscales, que han bajado".
Lamata advirtió desde últimos de 2010 de que si no recibía más financiación del Gobierno Central renunciaría a la competencia, dado que el coste de su aplicación cuesta 350 millones al año en Castilla-La Mancha. Además, dijo que si el Ejecutivo estatal no puede financiar la norma, a su juicio se debería "cambiar ley o reducir sus prestaciones".
Con todo, ayer aseguró que "hay voluntad de acuerdo" por ambas partes y que la negociación es "permanente". De esta manera, auguró que "llegaremos a consensos en esta materia y en otras que afectan a la financiación sanitaria y a políticas públicas necesarias".
En este contexto, remachó que en materia de política social "el Gobierno regional la aplica bien" porque "el presidente tiene clara la prioridad con estos temas", además de las medidas para generar empleo. "En este año, la lucha contra el paro será la primera batalla del Gobierno regional, además que el crecimiento económico se dirija al desarrollo de las políticas sociales", explicó, porque, según recordó "la voluntad de aplicación de la Ley de Dependencia es inquebrantable".
Por ello, reiteró que las necesidades financieras adicionales en dependencia en Castilla-La Mancha sería de 200 millones, mientras que en España supondría 3.500 millones.
Además, Lamata señaló que en el ámbito sanitario a nivel nacional las prestaciones precisarían de otros 12.000 millones de euros.
El consejero puntualizó que la aplicación de la ley nacional ha supuesto el endeudamiento de las comunidades autónomas y "por eso nos llaman la atención".
Agregó, asimismo, que la atención de las personas con más necesidades y el cumplimiento de las leyes nacionales "es indiscutible" en la región, aunque precisan "de más financiación", concluyó.
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Fuente: Lanza Digital
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